Hay muchas ocasiones en la que me consultan en el despacho la siguiente cuestión: Mi madre estás en una residencia de ancianos y tengo miedo que la vacunen contra el COVID, ¿puedo oponerme a su vacunación?

Para comenzar hemos de indicar que según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) más de un 30% de los españoles están en contra de ponerse en la actualidad la vacuna contra la COVID-19.

En función a la pregunta planteada hemos de comenzar manifestando que la Ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944 y la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública dan cobertura a una posible vacunación obligatoria contra la COVID-19, aunque algunos juristas –entre los que nos sumamos el equipo de BJ ABOGADOllamamos a introducir nuevos instrumentos para hacer más efectivo el cumplimiento.

En todo caso, diferentes expertos coinciden en advertir que la vía impositiva de las vacunas, aunque posible desde el punto legal, no sería la más aconsejable, puesto que podría causar el efecto contrario al que se busca.

Lo que hemos de tener claro es que la imposición de la vacuna puede conseguir un efecto contrario en la ciudadanía. Un experto en Derecho Constitucional indica que: «ética y legalmente es exigible, pero posiblemente en el contexto actual sería mejor que la vacunación sea voluntaria».

La legislación española indica lo siguiente en esta materia

Se va a indicar de forma muy clarita para que todo el mundo que lo lea lo pueda entender y así solucionar las dudas sobre la presente cuestión.

En España, el título primero de la Constitución recoge el derecho a la vida y a la integridad física (artículo 15) y en el artículo 43 se desarrolla que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

Un paso más allá, en la Ley 22/1980, que modifica la Ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944, se prevé concretamente que las vacunas contra la viruela, difteria y otras infecciones podrán ser declaradas obligatorias por el Gobierno «cuando por la existencia de casos repetitivos de estas enfermedades o el estado epidémico del momento o previsible se juzgue conveniente«, dice ese precepto en su artículo único.

También sigue vigente un decreto del año 1945 que aprobó el reglamento para la lucha de las enfermedades infecciosas que en su artículo 21 declara que podrán ser obligatorias para todos los ciudadanos españoles las vacunaciones contra la difteria y la viruela, «siendo sancionadas su falta de realización». Para juristas como Pérez Palaci, «por analogía» se podría asimismo declarar obligatoria la vacuna para la pandemia por la COVID-19.

Si bien la Ley de 2002 sobre autonomía del paciente apunta a que la persona afectada puede aceptar o rechazar algunas terapias, ese derecho a decidir tiene algunas excepciones, principalmente el riesgo a la salud pública.

Ese riesgo está desarrollado en la Ley Orgánica 3/1986, que en su artículo 2 declara la posibilidad de que las autoridades tomen cualquier medida necesaria para preservar la salud pública.

Con lo expuesto, y aunque exista legislación que pueda obligar desde un punto de vista legal a imponer la vacuna contra la Covid-19, desde BJABOGADO invitamos a que premie la voluntad individual ya que afecta a una decisión íntima y personal de cada sujeto sin que el Estado tenga que obligar (aunque pueda) a ponerse la vacuna anteriormente mencionada.

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