Lentitud de la justicia

Lentitud de la Justicia

Ayer vino al despacho de BJABOGADO Carlos diciéndome que tiene un juicio laboral de despido señalado para el mes de Diciembre del 2025. Es cierto que el tema de despidos suele tardar en torno a un año y que dar una fecha de en torno a los dos años de espera no es justicia, YA QUE LA LENTITUD DE LA JUSTICIA NO ES JUSTICIA. Obviamente esto contradice nuestra legislación y jurisprudencia que ha tratado el tema.

I.-. Infracción de lo dispuesto en los artículos 82 LRJS y 182 LEC. Falta de motivación de la resolución impugnada en relación al excesivo intervalo temporal del señalamiento del acto de conciliación y juicio.

En el Decreto de fecha 13 de noviembre de 2023, que aparenta ser modelo tipo de los utilizados en la aplicación de gestión de expedientes judiciales ADRIANO, en el fundamento de derecho primero sólo se argumenta que “Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.1 de la LRJS procede su admisión a trámite y por parte del/la Sr./a. Letrado/-a de la Administración de Justicia.”

Por lo que ninguna motivación se incluye en relación a la justificación del señalamiento, para el acto de la celebración de juicio, el próximo mes de Diciembre del año 2.025 a las 09.45 horas, que, a contar desde la fecha del dictado del Decreto, alcanza más de dos años.

Tampoco se incluye motivación alguna al respecto en la parte dispositiva de la resolución referenciada.

El artículo 82 LRJS dispone, en el segundo párrafo del primer apartado que “en el señalamiento de las vistas y juicios el secretario judicial atenderá a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

Pues bien, el artículo 182 LEC dispone, en su apartado 2º, que “los titulares de órganos jurisdiccionales unipersonales y los Presidentes de Sala o Sección en los Tribunales colegiados fijarán los criterios generales y darán las concretas y específicas instrucciones con arreglo a los cuales se realizará el señalamiento de las vistas o trámites equivalentes.”

Añadiendo en su apartado 3º que “esos criterios e instrucciones abarcarán:

  1. º La fijación de los días predeterminados para tal fin, que deberá sujetarse a la disponibilidad de Sala prevista para cada órgano judicial y a la necesaria coordinación con los restantes órganos judiciales.
  2. º Horas de audiencia.
  3. º Número de señalamientos.
  4. º Duración aproximada de la vista en concreto, según hayan podido determinar una vez estudiado el asunto o pleito de que se trate.
  5. º Naturaleza y complejidad de los asuntos.
  6. º Cualquier otra circunstancia que se estime pertinente”.

Sin embargo, en el Decreto de admisión a trámite de la demanda no consta ninguna fundamentación sobre dichos criterios e instrucciones que deben aplicarse para la realización del señalamiento de las vistas o trámites equivalentes.

Ni siquiera se realiza fundamentación alguna en relación a las circunstancias reseñadas en el artículo 182, 4º de la LEC, habida cuenta de que en el mismo precepto legal se establece que “los Letrados de la Administración de Justicia establecerán la fecha y hora de las vistas o trámites equivalentes sujetándose a los criterios e instrucciones anteriores y gestionando una agenda programada de señalamientos y teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

  1. º La fijación de los días predeterminados para tal fin, que deberá sujetarse a la disponibilidad de Sala prevista para cada órgano judicial y a la necesaria coordinación con los restantes órganos judiciales.
  2. º Horas de audiencia.
  3. º Número de señalamientos.
  4. º Duración aproximada de la vista en concreto, según hayan podido determinar una vez estudiado el asunto o pleito de que se trate.
  5. º Naturaleza y complejidad de los asuntos.
  6. º Cualquier otra circunstancia que se estime pertinente.”

Como se reitera, en el Decreto de admisión a trámite sólo hay un único fundamento de derecho -el “primero”- y en él no se realiza justificación alguna para que se proceda a señalar el acto de juicio para el mes de diciembre de 2025. No se motiva, ni siquiera sucintamente, acerca de los criterios utilizados ni, a título ilustrativo, los días predeterminados para la celebración de las vistas que se hayan fijados en este órgano judicial.

Esta parte entiende, perfectamente, las carencias estructurales que surgen con el aumento del número de causas, de la falta de medios personales y materiales, así como la alta carga de trabajo, máxime cuando nos encontramos en plena pandemia causada por el COVID y hemos padecido un largo estado de alarma que ha causado la paralización de los procedimientos judiciales, la suspensión de los plazos procesales, entre otros.

Pero también es cierto que, con el RD-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, se habilitaron días a efectos procesales (ej: los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020), se estableció el “carácter urgente y preferente” de los procesos por despido – al menos, hasta el 31 de diciembre de 2020 (art. 7 RD-Ley 16/2020) -.

Se reitera que esta parte entiende perfectamente estas circunstancias, así como la gran labor que desarrollan todos los profesionales de la Administración de Justicia (Agentes Judiciales, Tramitadores y Gestores Procesales, Letrados de la Administración de Justicia y Jueces, entre otros) en intentar resolver la saturación endémica de los juzgados.

Pero, con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, estas circunstancias no justifican la excesiva temporalidad en el señalamiento efectuado para el mes de Diciembre de 2025 pues ello implica la vulneración del mencionado derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y a la tutela judicial efectiva.

II. Infracción de lo dispuesto en el artículo 24, 2º de la Constitución Española. Sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo aplicables.

El artículo 24, 2º de la Constitución Española dispone que “todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”.

A este respecto, el Tribunal Constitucional en Sentencia de fecha 11 de abril de 2016, STC nº 63/2016, en relación con la STC nº 142/2010, de 21 de diciembre, argumenta, en su fundamento jurídico sexto, que:

“el hecho de que la presente demora se deba a motivos estructurales, no imputables directamente al órgano judicial, no impide apreciar la vulneración del derecho del recurrente a un proceso sin dilaciones indebidas, pues esta situación no altera la naturaleza injustificada de dichas dilaciones, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en tanto que el ciudadano es ajeno a esas circunstancias”.

Continúa su argumentación en este sentido:

“Sobre este extremo, nos recuerda la STC 142/2010, de 21 de diciembre, FJ 4, que «como ha señalado este Tribunal, entre otras, en las SSTC 160/2004, de 4 de octubre, FJ 5, y 153/2005, de 6 de junio, FJ 6, por más que los retrasos experimentados en el procedimiento hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica, si bien pudiera excluir de responsabilidad a las personas intervinientes en el procedimiento, de ningún modo altera el carácter injustificado del retraso. Y es que el elevado número de asuntos de que conozca el órgano jurisdiccional ante el que se tramitaba el pleito no legitima el retraso en resolver, ni todo ello limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente a tal retraso, puesto que no es posible restringir el alcance y contenido de ese derecho (dado el lugar que la recta y eficaz Administración de Justicia ocupa en una sociedad democrática) en función de circunstancias ajenas a los afectados por las dilaciones. Por el contrario, es exigible que Jueces y Tribunales cumplan su función jurisdiccional, garantizando la libertad, la justicia y la seguridad, con la rapidez que permita la duración normal de los procesos, lo que lleva implícita la necesidad de que el Estado provea la dotación a los órganos judiciales de los medios personales y materiales precisos para el correcto desarrollo de las funciones que el Ordenamiento les encomienda (STC 180/1996, de 16 de noviembre, FJ 4)»”

Continúa su argumentación en este sentido:

“Igual criterio sostiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al afirmar en su Sentencia de 7 de julio de 1989, caso Unión Alimentaria Sanders c. España, el carácter estructural de las dilaciones sufridas por la sociedad demandante, concluyendo que esta situación no puede privar a los ciudadanos de su derecho al respeto del plazo razonable (§§ 38 y 42), o cuando en la Sentencia de 11 de marzo de 2004, caso Lenaerts c. Bélgica (§ 18), razonó que el art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales obliga a los Estados contratantes a organizar su sistema judicial de tal forma que sus Tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable.”

En definitiva, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo han venido reafirmando tal derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas, como son exponentes las sentencias del Tribunal Constitucional 43/85 y 133/88, en las que se declara el:

«derecho a un proceso que se desenvuelva en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos puedan recibir pronta satisfacción». Y las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 1993 y 26 de junio de 1992, entre otras, expresan que «tan notoria dilación infringe abiertamente el derecho, constitucionalmente consagrado en el artículo 24.2, a un proceso sin dilaciones indebidas.”

A este respecto, resulta interesante traer a colación la STC 75/2016, de 25 de abril de 2016. En su fundamento jurídico cuarto, argumenta que:

“como hemos subrayado, más recientemente, en las SSTC 89/2014 , de 9 de junio, FJ 4, 99/2014 , de 23 de junio, FJ 4, y 74/2015 , de 27 de abril, FJ 4, con cita de la jurisprudencia precedente, la prohibición de retrasos injustificados en la marcha de los procesos judiciales impone a los Jueces y Tribunales el deber de obrar con la celeridad que les permita la duración normal o acostumbrada de los litigios de la misma naturaleza y con la diligencia debida en el impulso de las distintas fases por las que atraviesa el proceso. “

De todo lo expuesto, se concluye que la potestad de señalamiento no autoriza cualquier fecha remota ya que, reiteradamente, el Tribunal Constitucional ha considerado que el señalamiento a dos o más años vista de un asunto sin complejidad lesiona el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, como resume la sentencia 87/2015 que dispuso:

“El asunto planteado, como se dice en la demanda, no revestía una especial complejidad, al tratarse de un recurso interpuesto contra una decisión administrativa de expulsión. Teniendo en cuenta la pretensión deducida ante el órgano judicial –que ni siquiera éste califica como particularmente compleja– no parece razonable que su señalamiento y resolución se haya diferido, con evidente perjuicio del recurrente, a una fecha tan lejana, casi dos años y medio después de la interposición del recurso contencioso-administrativo. Ello ha supuesto para el demandante una larga espera antes de poder saber si podría permanecer lícitamente en España. (…) Finalmente, debe reseñarse que el hecho de que la demora denunciada se deba a motivos estructurales, no imputables directamente al órgano judicial, no impide apreciar la vulneración del derecho del recurrente a un proceso sin dilaciones indebidas, pues esta situación no altera su naturaleza injustificada, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en tanto que el ciudadano es ajeno a esas circunstancias.”

III.- Infracción de lo dispuesto en el artículo 6, 1º del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

El artículo 6, 1º del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales dispone que:

“toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia”.

El Convenio europeo que fue publicado en el BOE nº 243, de 10 de octubre de 1979, en el Instrumento de Ratificación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente.

Para cualquier información estamos a vuestra disposición en el teléfono 955.44.22.46 o en el mail clientes@bjabogado.com

Borja Pérez

Abogado profesional con gran experiencia. El compromiso de nuestro bufete de abogados es dar una respuesta ágil, de calidad y un servicio excelente.

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